¿Qué son los bonos convertibles del Banco Popular?

Los bonos convertibles del Panco Popular son un producto financiero complejo que ha supuesto la pérdida de dinero para muchos clientes. La propia Ley del Mercado de Valores califica a los bonos  convertibles como un producto complejo y de riesgo. Sin embargo, la entidad nunca informó a sus clientes de dichos riesgos en la contratación de bonos convertibles.

Con el fin de inyectar liquidez a la entidad, la contratación de  bonos convertibles implicaba una inversión de capital. Pero posteriormente, los bonos convertibles se convirtieron en acciones de la entidad a un precio fijado en su contratación.

En 2012, cuando dichos bonos debían ser canjeados por acciones, el Banco Popular sufrió una caída en la cotización de sus lo que llevó a la entidad a aprobar una nueva emisión de bonos a los que denominaría Bonos Subordinados obligatoriamente convertibles II/2009, destinado a clientes que tuvieron los Bonos Subordinados convertibles I/2009, alargando la fecha de emisión de estos bonos hasta el 2015 con la finalidad de recuperar el precio de la acción y evitar las reclamaciones por las pérdidas económicas de los clientes que compraron los bonos inicialmente.

En noviembre de 2015 Banco Popular llevó a cabo esta conversión obligatoria que supuso unas pérdidas de cerca del 80% para todos los afectados, cuyo perfil era sobre todo el de ahorradores sin formación financiera y clientes de confianza de la entidad.

¿Es posible reclamar los bonos convertibles del Banco Popular?

Sí. El motivo es que los bonos convertibles son un producto complejo y de alto riesgo, por tanto, hay una serie de documentos que deben ser firmados como los test de conveniencia e idoneidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos el cliente no firmó este tipo de documentos y por tanto, se puede solicitar la nulidad del contrato de compra.

La forma de reclamar es a través de la vía judicial. Los afectados pueden contactar con abogados especializados en bonos convertibles para solicitar la nulidad del contrato de compra y la resolución contractual por incumplimiento del deber de información por parte de la entidad que no informó de manera correcta a los clientes ni informó del riesgo que suponía este tipo de producto.